Resilencia: educación en entornos desfavorecidos

Óscar Picardo Joao

Editorial LPG

Su aplicación o vivencia se refiere tanto a los individuos en particular como a los grupos familiares o escolares que son capaces de minimizar y sobreponerse a los efectos nocivos de las adversidades y en estos contextos de deterioro socio-cultural (Uriarte, J., 2006).

La resilencia representa una novedosa perspectiva sobre el desarrollo humano, contraria al determinismo genético y al determinismo social. No es una característica con la que nacen o que adquieren ciertos niños, sino un conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos inducidos que posibilitan tener una vida “sana” en un medio insano (Rutter, 1990).

El enfoque educativo de la resilencia aborda de manera diferente la perspectiva del riesgo, porque parte de la existencia de un conjunto de condiciones posibles y optimistas entre el educador y educando, mediante el cual a pesar de las condiciones complejas se pueden obtener resultados positivos; esto supone un enfoque de trabajo más personalizado y cercano entre docentes y estudiantes, y sobre todo el reconocimiento que cada alumno es único y valioso; se trata de creer en ellos…

Algunas de las cualidades más importantes que facilitan la resilencia han sido descritas como: a) visión de futuro; b) empoderamiento; c) autoestima consistente; d) convivencia positiva, asertividad, altruismo; e) pensamiento flexible y creativo; f) autocontrol emocional, independencia; g) confianza en sí mismo, sentimiento de autoeficacia y autovalía, optimismo; g) locus de control interno, iniciativa; h) sentido del humor; i) moralidad.

Como afirma J. Uriarte: Ningún alumno elige fracasar en la escuela. Si la sociedad, los padres y profesores exigen éxito y el niño fracasa, la experiencia escolar se convierte en fuente de sufrimiento, y hay que revisar con urgencia qué ha fallado en el aula y fuera de ella. En la escuela no solo se educa a nivel curricular, también hay que trabajar la maduración socioemocional, habilidades sociales y en la formación para la ciudadanía; no obstante, en la mayoría de escuelas públicas de zonas desfavorecidas la calidad de enseñanza es inferior y los profesores –con justa razón– se quejan de que no pueden desarrollar correctamente los programas, al tiempo que se les critica por mantener unos estándares en pruebas nacionales muy bajos; en efecto, hay que crear condiciones especiales para ayudar a estos niños en estas escuelas.

Paco López Jiménez en su artículo “Construir la resilencia en la práctica educativa” al abordar las actitudes del educador apunta una peculiar anécdota: “Se buscan hombres para un viaje peligroso. Sueldo bajo. Frío extremo. Largos meses de absoluta oscuridad. Peligro constante. No es seguro volver con vida. Honor y reconocimiento en caso de éxito”, escribió Ernest Shackleton en 1914, en un anuncio de prensa para reclutar voluntarios para una expedición a la Antártica. Quizás Shackleton no sería considerado hoy un genio del marketing, pero, en su anuncio, apeló magistralmente a la motivación interna conectada con la motivación social. Ambas son, probablemente, las fuentes de motivación más potentes para guiar el comportamiento humano” (…) particularmente el de docentes en entornos desfavorecidos; necesitamos maestros excepcionales y no más de lo mismo…

Necesitamos un nuevo proyecto escolar, sin ataduras en materia burocrática, legal o gremial; con un equipo docente selecto, dispuesto al reto de Shackleton; es decir, gente que quiera compartir con esperanza y optimismo la experiencia de la vida, diseñando un nuevo proyecto pedagógico basado en los sueños y proyecciones de estos niños que sin lugar a dudas buscan algo mejor.

Políticas educativas minimalistas

Óscar Picardo Joao

opicardo@iseade.edu.sv

Después de 27 meses de espera llegó a mis manos la versión oficial y formal del Plan Social Educativo Vamos a la Escuela 2009-2014. El documento no contiene datos editoriales formales, y publica una versión bastante depurada de lo que fueron los primeros borradores programáticos. En términos generales podemos describir el documento así: buenas ideas y fundamentación, planteamientos técnicos muy etéreos, ausencia de indicadores o metas consecuentes en el tiempo y no posee datos financieros que sostengan los programas. En síntesis, un documento muy filosófico, romántico e idealista.

Producto de esta concepción observamos en la ejecución un modelo minimalista y no nos referimos conceptualmente a lo “esencial”, sino al limitado alcance de las políticas. Por ejemplo, el pilotaje de escuelas inclusivas de tiempo pleno se reduce a 22 centros educativos (en el mejor de los casos a 40 o a 60), cuando en la realidad hay casi 6,000 centros educativos; si magnificamos o proyectamos el costo de la escuela inclusiva de tiempo pleno al sistema no alcanzaría ni el presupuesto de la Nación, y no se puede hacer políticas públicas sobre la base de los cooperantes. Este modelo tiene serias implicaciones en la inversión para infraestructura, y supone cambios importantes a escala curricular, pedagógica, didáctica, recursos humanos y otros; lo que implica un desmontaje del modelo obsoleto y fractal actual construido para avanzar en cobertura. Pero ¿cómo se financia si seguimos invirtiendo 3% del PIB? De igual modo, si pensamos en stakeholders de apoyo como el concepto “doposcuola” en un escenario con un tejido social tan debilitado e instituciones tan frágiles ¿qué podemos esperar?

Igual sucede con el programa Ensanche –de brecha digital escolar–, el cual programa como meta 13,000 computadoras para una población de casi un millón y medio de estudiantes.

En la versión borrador la meta era más ambiciosa (similar a Ceibal, y rondaba las 800,000 computadoras), pero resulta que ahora nos vamos al extremo de alcanzar a menos del 1% de la población escolar; también el programa Cerrando la Brecha del Conocimiento (CBC) plantea la entrega de 11,858 laptops (no queda claro si son parte de las 13,000 o si es otra entrega).

Otras políticas o programas del plan son sumamente generalistas, algunas con datos parciales, otros con metas, otros sin metas, inclusive algunos con metas a partir de 2014: Dignificación del Magisterio; Sigamos Estudiando; Ciencia y Tecnología; Desarrollo Profesional; Mejoramiento de Ambientes Escolares y Recursos Educativos; Recreación, Deporte y Cultura; Currículum pertinente; Educación inclusiva; Cerrando la brecha del conocimiento; Hacia la CYMA; Seamos Productivos; Educación Técnica Profesional; Estudiantes con Desempeño Sobresaliente y Creando Conocimiento.

El único programa con alcance “censal” es el de Paquetes Escolares, con el cual bien podríamos discutir sobre la eficiencia, costo-beneficio y tasa de retorno. Es muy bien valorado por la ciudadanía, pero no está focalizado, y en políticas educativas no se trata de quedar bien, sino de invertir bien.

Esta gestión de gobierno hereda la limitante financiera de las gestiones anteriores. Mientras la media latinoamericana de inversión educativa oscila en el 5% del PIB, en El Salvador no superamos el 3%, con el agravante de diseñar una estrategia difusa e irreal, creando espejismos educativos. Ni ayer ni hoy se plantea solucionar los problemas educativos del sistema: la baja nota de la PAES, la deserción en tercer ciclo, la verdadera dignificación, actualización y evaluación docente. Es más, desde 2000 a la fecha, según un estudio en proceso del economista Mauricio González Orellana, la Tasa Interna de Retorno de inversión en educación viene bajando y camina de la mano con la desaceleración económica del país. Con el sistema educativo de un país hay que hacer ciencia y no política.

La relación entre la educación y las empresas.

Helga Cuéllar-Marchelli*

En las economías basadas en el conocimiento, los países que han crecido más rápido no son los que cuentan con una fuerza laboral con más años de estudio, sino con personas capaces de aprovechar el conocimiento y la tecnología para crear nuevos productos y servicios. Esto sólo se consigue mejorando la calidad de la educación, para lo cual se requiere de una política de Estado que pueda mantenerse a lo largo del tiempo.

Por eso, si en algo debería haber consenso nacional, es en definir a la educación como un eje estratégico para aumentar el crecimiento económico y promover el desarrollo. Según los informes del Foro Económico Mundial, El Salvador ha venido perdiendo su posición en el ranking mundial, pasando de la posición 53 de 104 países en 2004 a la posición 91 de 142 países en 2011. Esta realidad se manifiesta a través del lento crecimiento económico, la reducción de la inversión y la insuficiente generación de empleos. El país está perdiendo competitividad debido a la inseguridad, la desconfianza en las instituciones, las deficiencias en la educación y las restricciones a la innovación que enfrentan las empresas.

Sobre este último punto, es oportuno mencionar que existe una relación entre la educación y el sector productivo que usualmente pasa desapercibida. A las empresas les importa –o les debería importar– la educación porque su productividad depende, en buena medida, de la capacidad de su recurso humano. Muchos empresarios experimentan a diario que, en un país donde la escolaridad promedio de la población es apenas seis años, las posibilidades para transferir tecnología son limitadas. Ellos saben que es difícil encontrar personal con la formación necesaria para utilizar cierta tecnología y leer los manuales en inglés de algunos equipos.

También, es común encontrar graduados de bachillerato, carreras técnicas o universitarias que carecen de la suficiente preparación para desempeñar bien las tareas profesionales que les corresponden. Muchos tienen dificultades para comunicarse efectivamente, trabajar en equipo, resolver problemas e incluso actuar con rectitud. Este tipo de brechas entre la demanda y la oferta laboral se reducirían, si la relación entre el sector productivo y el sistema educativo fuera estrecha.

Las empresas pueden contribuir con la educación de varias maneras. Ellas pueden estimular la formación continua de su recurso humano a través de la capacitación y pueden apoyar el sistema escolar a través de acciones de Responsabilidad Social Empresarial (RSE); ya sea ofreciendo becas de estudio, apoyando programas de mejoramiento de la infraestructura escolar, donando equipo y materiales didácticos, etc. Las empresas también pueden crear alianzas con el sistema de educación superior, para impulsar el desarrollo científico, la investigación y la innovación.

Las empresas pueden ser clientes críticos del sistema educativo, aliados y promotores de políticas públicas, que busquen mejorar la equidad en el acceso a una educación de alta calidad. Hace falta mucho por hacer para poder maximizar el aporte positivo que las empresas pueden dar a la educación. Ya es tiempo de revisar los esquemas de incentivos y el marco institucional que existen para acercar la educación al mundo laboral y viceversa.

En Chile, por ejemplo, existe una instancia especial para propiciar o fortalecer la relación entre la educación y las empresas conformada por el Ministro de Educación, directores de gremiales empresariales e industriales, entre otros participantes.

Aunque muchas empresas salvadoreñas apoyan la educación de múltiples formas, esta relación necesita evolucionar y madurar. Ya es tiempo de hacer visible y optimizar la relación entre la educación y las empresas, para poder contribuir de una manera más efectiva a elevar la productividad de las personas, las empresas y la competitividad del país.

*Columnista de El Diario de Hoy.

Twitter:@hmarchelli

Policías en la escuela

Caricatura de “Salomón”  publicada en  La Prensa Gráfica.

Regreso a clases

Caricatura de RUZ

Publicada en El Diario de Hoy – 23 enero 2012

Educación en derechos humanos

Escrito por Joaquín Samayoa

Hay que ver y oír para creer. De las palabras pronunciadas por el presidente Funes el pasado lunes en El Mozote podría inferirse erróneamente que, antes de él, nadie se ha ocupado de incorporar la temática de los derechos humanos en el currículo para la formación de oficiales de la Fuerza Armada. En la misma tónica se expresó, acto seguido, el ministro de Educación al afirmar que se iba a revisar el currículo a fin de incorporar esa temática “para comenzar en El Salvador a construir una nueva cultura de paz, una cultura democrática” basada en la enseñanza de los derechos humanos.

Ambas declaraciones ponen de manifiesto un asombroso desconocimiento de lo que ha estado ocurriendo en el país en los últimos 20 años, o una actitud de no querer reconocerlo ni siquiera en la fecha en que conmemoramos el vigésimo aniversario de los Acuerdos de Paz, ocasión que debiera haber servido para que los líderes de la nación hicieran una seria reflexión sobre lo que hemos caminado y lo que nos falta por hacer.

El presidente presenta como ocurrencia suya, como gran novedad merecedora de aplauso, algo en lo que muchas personas han venido trabajando con esmero desde hace casi veinte años.

Para información de ellos y de todos aquellos que aún no lo saben, me permito señalar que uno de los acuerdos incluidos en el documento de Chapultepec fue la creación del Consejo Académico de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, institución en la que adquieren su formación básica todos los oficiales de las fuerzas armadas de nuestro país.

Desde la juramentación de los miembros que integramos el primer Consejo Académico de la escuela militar, en agosto de 1992, hasta estas fechas, dicho organismo ha venido trabajando, en estrecha y armoniosa relación con sucesivos directores de la escuela, en revisar y actualizar los programas de estudio. A la temática de derechos humanos y valores democráticos se le dio particular relevancia desde entonces en la formación de las nuevas generaciones de oficiales.

Por su parte, el Comando de Doctrina y Educación Militar (CODEM) de la Fuerza Armada ha venido coordinando con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), con sede en San José, Costa Rica, para incorporar la formación en derechos humanos en los planes de formación continua que fundamentan los ascensos a lo largo de la carrera militar.

Le habría bastado al presidente un rato de conversación con su nuevo ministro de Justicia y Seguridad Pública, quien también ha desempeñado el cargo de ministro de Defensa y director de la Escuela Militar, para haberse enterado de que no hacía falta una instrucción suya para hacer algo que desde hace tiempo se hace y se hace muy bien.

La Fuerza Armada ha sido ejemplar en el cumplimiento de letra y espíritu de los Acuerdos de Paz. Aceptó su depuración, renunció al poder y a los privilegios que siempre había tenido, asumió disciplinadamente su nuevo rol y renovó completamente los criterios para la selección y la formación de sus nuevos oficiales. Si tanto hablamos de justicia, habría sido un buen gesto de parte del presidente hacerle justicia a ese esfuerzo institucional y personal que tanto ha contribuido a la estabilidad y a la armonía de El Salvador.

De igual manera, el ministro de Educación y vicepresidente de la República debiera saber que la temática de derechos humanos figura de manera muy destacada en los programas de estudio de bachillerato desde 1997. Hasta se incluyen preguntas sobre esa temática en la PAES. En aquellos años, la UCA y el IIDH diseñaron módulos para la formación de maestros en los conocimientos, valores y competencias pertinentes al respeto de los derechos humanos.

Les hubiera bastado al presidente y al ministro un rato de conversación con el actual secretario de Cultura para conocer estas cosas que a ellos les resultan tan novedosas. El Dr. Héctor Samour fue uno de los destacados académicos que colaboraron en el diseño de los planes de estudio a mediados de los años noventa y también, por muchos años, en la elaboración de la PAES de Estudios Sociales. Todo es susceptible de mejoras, pero debemos comenzar conociendo y apreciando lo que ya tenemos.

No dejen en otras manos el futuro de sus jóvenes

Redacción EDH

El alcalde de Ahuachapán y candidato a un nuevo período, Rafael Morán, ha ofrecido impulsar el establecimiento de un centro de estudios universitarios, para lo cual, dice, tiene encaminadas conversaciones con la Universidad Nacional.

Hay, sin embargo, centros universitarios mejor calificados y además totalmente apolíticos, que llenen mejor los propósitos que busca el alcalde. La tradición de la UES a lo largo de los últimos cinco decenios ha sido de encierro, donde las decisiones se toman internamente sin que asociaciones profesionales, la opinión pública o inclusive el Gobierno, incidan en ellas. El riesgo es que del proyectado centro salgan promociones de graduados con pocas posibilidades de obtener empleo a causa de la distancia entre lo que aprenderán y lo que son las demandas en el mundo del trabajo.

El alcalde debe indagar con administradores de empresas, dueños de negocios, financieros y gerentes de fábricas, lo que es su experiencia con los graduados de las distintas universidades para escoger con mejores criterios.

En un mundo crecientemente globalizado y altamente competitivo, hay carreras y profesiones que van a la alza, mientras otras van en mengua. Sobran abogados y en particular deficientes abogados, mientras hacen falta técnicos a nivel intermedio, ingenieros, especialistas en atención de salud, buenas enfermeras (que casi tienen asegurados puestos de trabajo en el exterior), electricistas, programadores, expertos en electrónica… lo que apenas se enseña en el país.

Esa es la falla medular de la bien intencionada propuesta: entregar a otros una tarea que corresponde y deben realizar los propios ahuachapanecos. En juego está la formación profesional, intelectual, cívica y sobre todo moral de los jóvenes y niños de la gran ciudad de occidente.

La educación debe encajar con las realidades

El establecimiento del ITCA hace cuarenta años es un buen ejemplo por seguir. El objetivo, que en gran parte se mantiene al día de hoy, fue formar técnicos intermedios mezclando teoría y práctica. Los estudiantes recibían cursos lectivos pero además aplicaban lo que aprendían en talleres y laboratorios, como a otro nivel hacen en el Ricaldone.

Adicionalmente, los técnicos que se graduaban podían luego continuar estudios de nivel superior, pero dada la demanda que existe en el país para gente con saberes prácticos, de inmediata aplicación, la mayoría optó por incorporarse al mundo del trabajo. Es raro el egresado del ITCA que no reciba ofertas de empleo antes de dejar las aulas.

Mantener el control de un centro de formación profesional es esencial para vigilar el uso eficiente de los recursos que se le asignan y de los destinos al dinero que pagan los estudiantes. No olviden los ahuachapanecos que nadie está informado a ciencia cierta del uso que hace la UES de los recursos que recibe del Estado o de lo que cobra a los estudiantes. En la precariedad que vive el país, cada centavo debe ser bien empleado y además fiscalizado.

Quienes mejor conocen cuáles son las oportunidades abiertas para técnicos y profesionales son los propios productores del departamento de Ahuachapán y de la zona, que pueden colaborar en más de una forma para que la formación encaje con las realidades del trabajo que se requieren allá. Lo que se necesita en Ahuachapán es formación de superior nivel ajustada a la realidad productiva.