La violencia abate al sistema educativo nacional

Escrito por Editorial LPG

Hay angustia y urgencia por ver resultados inmediatos del quehacer institucional; pero esto no se consigue con simples medidas inmediatistas.

Cuando la violencia se instala en una sociedad como expresión de trastornos sociales profundos, el fenómeno destructivo se va infiltrando progresivamente en todo el cuerpo social, sin respetar límites de ninguna índole. Es el caso de El Salvador de nuestros días. Y, desde luego, esto ha llegado a afectar significativamente al sistema educativo, en cifras que son de veras preocupantes. A la mitad de este año se habían producido 50 muertes violentas de estudiantes, y hasta ayer ya son 54; y en esos mismos seis meses, 133 escolares han sido localizados por la autoridad por actividades ilícitas o indebidas. Aparte del dato numérico, que en sí es revelador, lo que queda demostrado es que hay un alarmante deterioro de las conductas en edades muy tempranas y un crecimiento verdaderamente grave de los peligros a los que está expuesta la niñez y la juventud.

Es claro que la mayor incidencia resulta del accionar de las pandillas o maras, que viene generalizándose de manera hasta hoy incontrolable. No solamente dominan territorios sino que se cuelan con total impunidad en las áreas institucionales, muy en especial en aquellas dedicadas a la educación, que es un terreno propicio para la penetración, la intimidación y el reclutamiento. El sistema no cuenta con los mecanismos ni con los recursos idóneos, suficientes y efectivos para detener este avance tan desquiciador en todo sentido.

El problema muestra a la vez aspectos coyunturales y componentes estructurales, como ocurre siempre que se trata de realidades que tienen que ver con las condiciones fundamentales de vida de los seres humanos. En este caso, lo inmediato es estructurar un esquema de protección escolar lo más eficiente posible, en el que la acción de la Seguridad Pública es vital; en cuanto a lo de más largo plazo, lo que se requiere, como hemos señalado reiteradamente, es hacer un trabajo de prevención de los comportamientos antisociales y criminales que se dirija, en lo básico, a generar en niños y jóvenes verdaderas oportunidades y opciones de futuro.

En el fondo lo que tendría que haber es una proyección a la vez sociológica, moral y educativa; lo cual implica eso que podríamos llamar la territorialización de las oportunidades: llevar posibilidades reales de educación a todos los rincones del país y a todos los habitantes del mismo, conforme a las aptitudes y aspiraciones de los seres humanos concretos, no en forma de pequeños cursos ocasionales, sino bajo el concepto de que cada quien debe poder llegar a ser –con el concurso real de la sociedad– lo que puede y quiere ser.

Desactivar la dinámica perversa de la violencia no se logra sólo con medidas de orden legal, policial o judicial: hay que incidir decisivamente en las realidades sociales tal como afectan a los seres humanos de carne y hueso. Hay angustia y urgencia por ver resultados inmediatos del quehacer institucional; pero esto no se consigue con simples medidas inmediatistas. Lo urgente demanda también visiones de largo alcance, que hay que sostener, consolidar y perfeccionar en el tiempo. Ahí está la clave de las auténticas soluciones.

Hay que liberar a los niños y a los jóvenes de las trampas envolventes de la violencia, sean víctimas o victimarios. El trabajo por hacer es enorme, y requiere planificación, constancia y acompañamiento de todos los sectores y actores nacionales. De la suerte que corra este esfuerzo depende, en gran medida, el futuro nacional.

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