La inversión en educación

Joaquín Samayoa

En casi dos décadas que han transcurrido desde la firma de los Acuerdos de Paz, no recuerdo haberme enterado o siquiera haber escuchado rumores de corrupción en el Ministerio de Educación. Es posible que haya habido algunos malos manejos de licitaciones o uso indebido de recursos estatales en campañas proselitistas del partido de gobierno, pero lo que predomina es una historia institucional de sana administración, lo cual amerita destacarse dada la magnitud de las operaciones y de los fondos que maneja esa cartera.

Las autoridades educativas del actual gobierno han respetado esa tradición de honestidad, con el valor agregado de un estilo de vida visiblemente austero de parte del ministro, viceministros y directores de las diversas dependencias. En meses recientes, se han reforzado además los mecanismos de auditoría interna y los procesos tendientes a hacer cada vez más transparente el manejo que hace el MINED de los fondos públicos.

Hasta donde mi conocimiento llega, también debe reconocerse el compromiso y la entrega de los equipos directivos que ha tenido el MINED. Lo mismo puede decirse de la mayor parte del contingente de docentes. Trabajan duro asumiendo desafíos complejos en circunstancias adversas sin recibir el reconocimiento que merecen. Por supuesto, también hay holgazanes y gente que se limita a cumplir los mínimos o carece de las competencias necesarias para realizar aceptablemente su delicada función.

Sin embargo, pasa el tiempo y no se aprecian cambios. Se sigue acumulando la deuda de cobertura y calidad en la educación pública. La insuficiencia y las deficiencias en la formación humana y profesional de nuestra gente se suman a otros graves problemas económicos y sociales para dejarnos, como país, a la zaga en un mundo incierto y cada vez más competitivo. El déficit en educación compromete nuestras posibilidades de crecimiento económico y también la vitalidad y el progreso de nuestra incipiente democracia.

La Comisión Presidencial para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento, en su informe publicado el 30 de noviembre de 2004 (“Educar para el país que queremos”), planteó la aspiración de alcanzar al menos 11 años de escolaridad para toda la población. Esta aspiración, sumada a la de lograr mejoras sensibles en la calidad educativa, llevó a dicha comisión a recomendar que el Gobierno comenzara cuanto antes a dedicar aproximadamente un 6% del PIB a la educación, en el supuesto de que la economía crecería a una tasa promedio de 2.5% anual en los siguientes 10 años.

El plan educativo 2021 del gobierno anterior tradujo esa recomendación en un débil compromiso de incrementar progresivamente la inversión hasta alcanzar un nivel de 4% del PIB al finalizar el período de gobierno del presidente Saca. La realidad fue aun peor. Terminamos ese período sin elevarnos casi nada del nivel de 3%, cuando ya la crisis internacional y otros factores internos habían casi paralizado el crecimiento de nuestra economía.

En su “Plan Social Educativo 2009-2014” el Ministerio de Educación del nuevo gobierno retoma el compromiso de una inversión mayor en educación, pero aleja la meta del 6% del PIB para ser alcanzada en 2021. Mientras tanto, todos los países de Centroamérica, a excepción de Guatemala, han mantenido o elevado sus niveles de inversión educativa y nos están comiendo el mandado en lo que concierne a competitividad.

Seguimos sin tener un sentido de urgencia en estos asuntos. Como se ha dicho tantas veces, quien piense que la educación es cara, que pruebe la ignorancia. La falta de educación y la mala educación tienden a disparar los costos de la atención en salud, los costos de la seguridad pública y los costos de producción en las empresas. En la medida en que la falta de educación es un factor relevante en el problema del empleo también es causa de una baja recaudación de impuestos y de una mayor necesidad de gasto público en programas paliativos, que nos alejan cada vez más de la ruta del desarrollo económico y social.

En El Salvador, la inversión deficitaria en educación nos está saliendo muy cara, pero todavía no nos cae el veinte. El presupuesto de educación para 2012 sigue la tendencia histórica y, por añadidura, va desfinanciado en casi $40 millones.

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